ACOGIDA Guerra de sexos Tanto la izquierda como la derecha yerran en el diagnóstico y en la solución. La derecha no ve que las diferencias entre hombres y mujeres son más producto de la sociedad que de los genes. La izquierda resta importancia a la diferencia biológicas mujeres en los puestos directivos de grandes empresas o en profesiones tecnológicas, ¿es porque sufren discriminación? ¿o simplemente porque hombres y mujeres somos diferentes? Es un debate candente en todo el mundo. El detonante fue el despido de un empleado de Google que cuestionó las políticas de discriminación positiva de la empresa. Afirmó que esas medidas para facilitar la incorporación de mujeres eran autoritarias e ignoraban montañas de evidencia científica sobre las divergencias innatas entre hombres y mujeres. Pero, en el éxito electoral de Trump y otros políticos defensores del “hombre blanco”, latía ya la frustración de muchos ciudadanos contra unas élites progresistas que estarían exagerando los problemas laborales de las mujeres. Que el objetivo de Hillary Clinton, abogada multimillonaria de buena familia, fuera romper el techo de cristal que impedía a las mujeres llegar a la Casa Blanca fue percibido en el Medio Oeste americano como un desprecio para quienes estaban padeciendo el techo de plomo de la desindustrialización. A su vez, esta actitud contra Clinton irritó a las clases educadas de las costas americanas. En España, las cuotas femeninas, el caso Juana Rivas, o incluso algunos desagradables coletazos del juicio a la horripilante “manada de Pamplona” también han hecho que discusiones sobre cómo nuestro marco legal debe proteger a las mujeres hayan desembocado en espirales de insultos entre posiciones enconadas. PUBLICIDAD inRead invented by Teads Se ha desatado una guerra ideológica sobre políticas de género. Por un lado, los progresistas restan importancia a las diferencias biológicas. Cualquier desproporción laboral entre mujeres y hombres es fruto de la discriminación. Por ello, proponen que los gobiernos impongan cuotas femeninas a empresas y administraciones. La imposición por decreto de cuotas a todo un sector, como en Noruega, puede ser contraproducente Por el otro, los liberal-conservadores defienden que hombres y mujeres somos biológicamente distintos. Desde la más tierna infancia, a los niños les gustan más las cosas y a las niñas, las personas. Con lo que ellas eligen profesiones relacionadas con el cuidado y las relaciones sociales, como las ciencias médicas y sociales. Y ellos, carreras tecnológicas. La derecha se opone a alterar ese orden natural con discriminaciones positivas. Sería ir contra el Dios que nos ha hecho a nosotros de barro y a ellas de una costilla. Tanto la izquierda como la derecha yerran en el diagnóstico y en la solución. Cegada por su determinismo biológico, la derecha no ve que las diferencias entre hombres y mujeres son más producto de la sociedad que de los genes. La naturaleza marca. La probabilidad de que, evolutivamente, hombres y mujeres —que presentamos notables variaciones genéticas y hormonales— seamos psicológicamente idénticos es casi nula. Sería un milagro que, con un material tan distinto, hombres y mujeres acabáramos prefiriendo lo mismo en las mismas proporciones. Los estudios científicos lo corroboran. Los chicos tienen un mayor interés en ingeniería, ciencia y matemáticas, y las chicas en arte y ciencias sociales. Las mujeres tienden a experimentar más emociones negativas, como culpa, vergüenza o ansiedad; pero también son más benevolentes y universalistas. Además, algunas divergencias entre los sexos se detectan al poco de nacer, cuando los bebés no han sido aún expuestos a una sociedad sexista. Esta evidencia parece inapelable, pero es problemática. Las diferencias entre hombres y mujeres son por lo general estadísticamente significativas, pero sustantivamente pequeñas. Es decir, no explican las notables brechas entre hombres y mujeres en muchas profesiones. Asimismo, tratar el sexo como una categoría dicotómica es reduccionista, porque somos multidimensionales. Por ejemplo, que muchas chicas prefieran las ciencias sociales a carreras tecnológicas no se debe a que ellas sean peores en matemáticas sino a que las estudiantes buenas en matemáticas son, al mismo tiempo, excelentes en habilidades lingüísticas. En contraste con los chicos, que son más incapaces de ser buenos en ambas dimensiones. Y los hábitos sociales pueden alterar las predisposiciones naturales. Por ejemplo, la diferencia en aptitudes matemáticas entre chicos y chicas es más baja en las regiones de la antigua Alemania Oriental, donde el régimen comunista legó una cultura de mayor igualdad de género, que en las de la Alemania Occidental. Suecia ha optado por vías sutiles pero efectivas: una socialización igualitaria en las escuelas En definitiva, las enormes distancias laborales entre mujeres y hombres no responden tanto a la biología como a nuestras costumbres. Desgraciadamente, seguimos socializando a niños y niñas de forma diferente, con actitudes, y juguetes, que reproducen los estereotipos de género. Pero, al mismo tiempo, la izquierda, ofuscada por su determinismo social, no ve que, en la búsqueda de la igualdad, algunos contextos sociales acaban perjudicando a los hombres. Por ejemplo, mientras en biomedicina las mujeres necesitan ser 2,5 veces más productivas que los hombres para obtener la misma evaluación de méritos, en otros contextos científicos las candidatas femeninas pueden tener una ventaja de 2 a 1 sobre los candidatos masculinos. Y ambos bandos ideológicos también se equivocan en su actitud maniquea hacia las cuotas. A pesar de las críticas de muchos liberal-conservadores, la introducción de cuotas en algunas empresas o partidos políticos ha ayudado a las mujeres en un doble sentido. Primero, da a las jóvenes modelos a seguir en profesiones que parecían reservadas para los hombres. Segundo, la comparación entre unas organizaciones que adoptan cuotas y otras que no facilita un debate basado en la evidencia y no en la estridencia. Y, a diferencia de lo que opinan muchos progresistas, que los gobiernos impongan unas cuotas femeninas concretas puede ser contraproducente. Por ejemplo, Noruega ha buscado la igualdad de género con regulaciones duras, como sanciones a las empresas que no tengan un 40% de mujeres en sus consejos de administración. Pero esas medidas apenas han alterado el escaso poder efectivo de decisión de las mujeres ni su práctica ausencia en los puestos directivos más importantes. Por el contrario, Suecia ha optado por vías más sutiles, pero a la larga más efectivas, enfatizado más una socialización igualitaria en las escuelas y concienciando sobre la diversidad en el ámbito laboral, en lugar de medidas coercitivas. Empresas, partidos e instituciones suecas experimentan con distintas cuotas y fórmulas para fomentar la igualdad de género. Se comparan y aprenden. La derecha debe entender que muchas pautas de comportamiento social discriminan a las mujeres. Y la izquierda que no es machista analizar científicamente los efectos de las medidas de discriminación positiva. Unos y otros han utilizado las diferencias de género para continuar con su enfrentamiento dogmático. ¿Por qué lo llaman sexo cuando quieren decir odio al adversario político?

ACOGIDA Un tsunami gratificante A mayor índice de desarrollo democrático, más solidez y eficiencia en el sistema de impartición de justicia Desde hace unos años se percibe la presencia de una gigantesca ola de dimensiones nunca antes vistas, que se desplaza a toda velocidad por América Latina. Se trata de un tsunami político de gran energía y tamaño que remueve a las sociedades hemisféricas ocasionando saludables terremotos renovadores de esperanza al destruir lo podrido en nuestro dolorido continente. Me explico. A finales de julio de 2016, el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia ante el Congreso acusado de dirigir una estructura criminal que saqueó el Estado entre 2012 y 2015, además de otros cargos, como asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y defraudación aduanera. Pérez Molina ingresó en una prisión federal para cumplir su respectiva condena. El expresidente Alberto Fujimori se encuentra encarcelado cumpliendo una pena de 25 años, acusado de delitos como asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves tras haber sido hallado culpable de las matanzas de Barrios Altos, en 1991. ¿Más de la profilaxis política en Perú? El expresidente Ollanta Humala está en prisión preventiva junto con su esposa, Nadine Heredia, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, que corrompió a diversos presidentes latinoamericanos, secretarios de Estado y directores de empresas petroleras. Hoy se encuentra encarcelado en la misma prisión que Fujimori. En el mismo orden de ideas se encuentra el expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la misma constructora Odebrecht. Actualmente, Toledo se encuentra escondido en Estados Unidos, en condición de prófugo de la justicia, a la espera de que se resuelva el proceso de extradición. ¡Viva Perú, viva mil veces! En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue hallado culpable de haber aceptado sobornos de la empresa constructora OAS por más de un millón de dólares, todo un escándalo desatado en torno a la compañía petrolera estatal Petrobras, vinculada también a Odebrecht. El actual presidente de Brasil, Michele Temer, también enfrenta severos cargos de corrupción pasiva que en su momento podrían conducirlo a la cárcel. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acusada de asociación ilícita, lavado de dinero, manipulación de las tasas de cambio de dólares y de negociaciones incompatibles. Hoy en día está fuera del alcance de la justicia al haber sido electa senadora en su país, con lo cual podrá gozar de fuero jurídico, siempre y cuando el propio Senado de la República no la prive de ese derecho y sea encarcelada. Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, es asilado político en Nicaragua y se encuentra acusado en su país por enriquecimiento ilícito. Funes, para todo efecto, también se considera prófugo de la justicia, como Alejandro Toledo, de Perú, y Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, a la espera de que se decida su extradición desde Miami con cargos de espionaje a sus enemigos políticos. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y ex secretario general de la OEA, es el segundo exmandatario en la historia de ese país condenado a prisión por corrupción. El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, quien gobernó de 2004 a 2009, purga una condena acusado por distintos escándalos de malversación de fondos públicos que implican la existencia de 11 delitos. Es el primer jefe de Estado condenado a prisión en El Salvador. A mayor índice de desarrollo democrático, más solidez y eficiencia en el sistema de impartición de justicia y más consolidación del Estado de derecho, la base y el origen de la prosperidad de las naciones. El tsunami político y jurídico originado afortunadamente en el hemisferio constituye, sin duda alguna, un gratificante baño de esperanza fundado en el respeto del ahorro público y en la aplicación indiscriminada de la ley que supone la igualdad entre todos los ciudadanos. Ningún político corrupto de la jerarquía que se desee puede entender el patrimonio nacional como un botín, de ahí que este estimulante terremoto nos llene de esperanza en el futuro y en el exitoso porvenir de América Latina.

acogida RD debe enfrentar baja presión tributaria que limita su inversión República Dominicana debe ampliar el número de personas que pagan impuestos y aumentar la presión tributaria, para que el Gobierno pueda hacer las inversiones que necesita para su desarrollo económico y social, afirmó la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Flora Montealegre. Indicó que el país ha venido sacrificando mucho la inversión pública por motivo de déficits y la situación de las finanzas públicas. Abogó por aumentar los ingresos recaudando mejor, ampliando las bases, simplificando la forma de pagar impuestos, fortaleciendo la administración tributaria y reduciendo la evasión, así como también mejorando la eficiencia del gasto y su calidad. Montealegre expuso que se requiere replantear una nueva fiscalidad, que sea una reforma integral que tome en cuenta diferentes aspectos. Afirmó que estos cambios deben darse con o sin Pacto Fiscal, ya que son fundamentales. Pero expresó que el Pacto Fiscal está contenido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) porque se entendió como una forma democrática de hacerlo. Montealegre dijo que la sostenibilidad fiscal es un reto muy importante que enfrenta el país. Resaltó que los países que logran avances en el bienestar social y hacer las inversiones que necesita la población, es porque tienen una presión tributaria en alrededor de 18 y 20%, mientras en República Dominicana es de un 14 por ciento. Recordó que en 2012 el país tenía un déficit de casi 6.8% del PIB y esto llevó a una reforma fiscal que fue apoyada por el BID que permitió una de las reducciones más grandes de déficit en un Gobierno de América Latina. Montealegre destacó que con esta reforma no se ha tenido el rendimiento anhelado en términos de aumento de los ingresos, justamente por las debilidades que han existido en la administración tributaria y la evasión en el pago de los impuestos. Expresó que el BID apoya al Gobierno en el fortalecimiento de la administración tributaria para subir la presión recaudando mejor y no necesariamente aumentando los impuestos. Indicó que en este año se aprobó US$50 millones para fortalecer la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Hacienda en estos aspectos recaudatorios. “Hay muchas formas de mejorar las finanzas públicas, una forma es claramente incrementar impuestos, pero eso se hizo en la reforma del 2013, donde se aumentaron varios impuestos, pero en estos momentos el Gobierno ha considerado que no es oportuno volver aumentar impuestos y creo que es algo que el sector empresarial ha dicho y lo que se trata es de aumentar los ingresos recaudando mejor”, dijo. Sistema simple. Montealegre expuso que debe haber una simplificación del sistema tributario y agregó que lo mejor no es crear regímenes especiales para atender diferentes sectores de la población, como la micro, pequeña y mediana empresa u otros. “Los gobiernos deben apuntar a tener regímenes lo más simplificado posible y tener impuestos lo más directo posible. Porque el impuestos indirecto puede afectar a un segmento de la población más que otro”, expresó. Indicó que también es un tema delicado y que debe analizarse la propuesta que hacen algunos sectores empresariales de que se reduzcan las tasas impositivas, pues el país tiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina, solo por encima de Guatemala. Modificar metodología de pactos. En otro orden, la representante del BID recomendó que se haga una revisión de la metodología de los pactos, ya que en el caso del Pacto Eléctrico esto creó retrasos porque fue muy confusa. “Se debe desarrollar una metodología que permita ser mucho más eficiente la toma de decisiones y estar mucho más informado. Yo creo que eso requiere de un fortalecimiento del Consejo Económico y Social (CES), así como establecer quiénes son los participantes”, expresó. FacebookTwitterLinkedInGoogle+CorreoImprimirWhatsApp

interesante tema acogida Educación y constitucionalidad: Deberes y derechos ciudadanos 2de2 III.Deberesyderechosciudadanos En la República Dominicana, educar y concienciar a los dominicanos para que sean garantes de sus deberes y derechos fundamentales es una prioridad. En ese sentido la reforma constitucional del 2010 divide los derechos fundamentales en tres generaciones, garantizados y tutelados en un estado social y democrático de derecho; estos deben ser conocidos por todos los dominicanos, a tal efecto la vía más efectiva es a través de los centros educativos, iniciando a partir de la primera infancia. Nuestra Constitución es considerada como la más avanzada de Iberoamérica, esta es el fruto de un profundo proceso político y social, realizado mediante una consulta popular amplia, abierta y participativa a través del Consejo Económico y Social. La promoción de los valores de la Constitución en el sistema educativo es de alto interés nacional, para empoderar a las presentes y futuras generaciones, siendo obligatoria la enseñanza de la Constitución en las escuelas en los niveles de educación primaria y secundaria. En cuanto a los deberes y derechos constitucionales, la doctrina ha convenido en categorizar y jerarquizar los derechos fundamentales en derechos de primera, segunda y tercera generación, atendiendo a la importancia vital del bien jurídico a tutelar. Los derechos de primera generación se refieren a los derechos individuales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física, en términos generales son los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Están consagrados en los artículos del 37 al 49 de la Constitución. Los derechos de segunda generación comprenden los derechos económicos, sociales, culturales y deportivos, dentro de estos destacamos el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, de la familia y del consumo. Están descritos desde el artículo 50 hasta el 65. Incluyen el derecho a una mejor calidad de vida, al desarrollo, al progreso, a la convivencia pacífica, a la paz, a la autodeterminación, a la integridad territorial, a la defensa del ecosistema, a la explotación de los recursos, comprendiendo también el derecho a la protección de datos. En tanto que los derechos de tercera generación aparecen en la Constitución bajo la denominación de derechos colectivos y de medio ambiente, incluyen como novedad los derechos difusos, llamados “derechos de interés público”. Son aquellos derechos indivisibles, de los cuales son titulares un grupo, categorías o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho, o en virtud de la pretensión de goce por parte de cada una de ellas de una misma prerrogativa. Son “difusos” los derechos cuya violación afecta a un grupo humano en su totalidad, con carácter no excluyente, no conflictivo y no distributivo, como por ejemplo, el derecho a vivir en un medioambiente sano. Son “colectivos” los derechos cuya violación afecta directamente a individuos de un determinado grupo humano, y por tanto ellos pueden reclamar sanción o reparación del daño causado. La Constitución los regula en los artículos 66 y 67. La Constitución Dominicana garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la Constitución y por la ley. La tutela es un derecho subjetivo o bien sea una facultad inherente a las personas para acudir por ante un órgano judicial, en procura de obtener la protección de sus derechos e intereses legítimos en un juicio con todas las garantías del debido proceso. Es un derecho subjetivo que se expresa frente al quebrantamiento de los derechos cuando se deniega el acceso a un tribunal para defender los intereses de la persona afectada. Es el derecho que tiene más ámbito subjetivo de protección, por consiguiente los ciudadanos hacen efectiva la tutela mediante los recursos de amparo, el hábeas data y el hábeas corpus. La tutela judicial se caracteriza por el conjunto de garantías que en el orden procesal conjuga en beneficio de los ciudadanos, es común a todos los juicios, siempre en aras de garantizar los derechos e intereses legítimos de las personas. Por otra parte, podemos definir los derechos fundamentales como el conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos como propios de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte el desarrollo integral de la persona en una comunidad de personas libres. Estos derechos no sólo vinculan a los poderes públicos que deben respetarlos y garantizar su ejercicio, estando su quebrantamiento protegido jurisdiccionalmente, sino que también constituyen el fundamento sustantivo del orden político y jurídico de la comunidad. Se definen además, como el conjunto de facultades y prerrogativas, pertenecientes o inherentes de manera natural a toda persona, y que el derecho público se encarga de imponer al Estado el respeto y la protección efectiva de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso y las normas vigentes en el ordenamiento jurídico. Conocer tus derechos fundamentales y cumplir tus deberes te convertirá en un mejor ciudadano, comprometido con el respeto a las normas y el bien hacer, para transformar la comunidad dominicana en una sociedad inclusiva, orientada al desarrollo humano colectivo y sostenible. Lograr construir una República Dominicana que garantice un efectivo desarrollo humano sostenible e inclusivo, requiere concretar la visión país de la estrategia nacional de desarrollo 2030, cito “…un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”. (9) Hacer realidad esta visión no será un ideal de Platón ni una utopía de Tomás Moro, si los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil aúnan esfuerzos para superar los problemas estructurales que no hemos sido capaces de resolver en 173 años de vida republicana y de democracia entre comillas. IV. Conclusión. Propiciar en el educando el empoderamiento y apropiación de los conceptos del respeto a la Constitución, a las leyes, al cumplimiento de los deberes y a respetar los derechos de las personas, permitiría desarrollar en los estudiantes el valor de la solidaridad con la sociedad y en especial con los más débiles, de modo pues que se comprometan a aportar en la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, segura, justa y equitativa, donde el Estado Social y Democrático de Derecho a que aspira la sociedad dominicana se consolide como un efectivo orden social y económico, satisfactorio para todos y garante de una convivencia pacífica. Resulta impostergable desde el nivel básico hasta el superior fomentar en el educando un sentido de pertenencia e identidad nacional, que comprometa a los ciudadanos con el respeto a nuestro valores, y con una visión ética acerca de cuál es la sociedad que queremos para las presentes y futuras generaciones. De la educación y la constitucionalidad debemos aprender a vivir de manera sostenible, si queremos proteger las maravillas de nuestro entorno natural y garantizar que no estemos consumiendo más de lo que nuestro planeta puede sostener. Debemos cambiar las formas en las que nos relacionamos los unos con los otros, a fin de que todos contribuyamos con prácticas sostenibles para proteger y conservar el medioambiente. Hay que reconocer que la educación no es independiente de la sociedad. Más bien, las estructuras sociales existentes representadas por ejemplo en las divisiones sociales dentro de nuestras comunidades, y en la forma como se ejerce el poder tienen un impacto en la educación y en las transformaciones de nuestras comunidades para el futuro. Ante el auge de los fenómenos anómicos que afectan la sociedad (violencia intrafamiliar, delincuencia juvenil, corrupción, inseguridad ciudadana) y el crecimiento de la apatía ciudadana, hay que centrar la esperanza en la educación cívica y la formación de nuevos ciudadanos, de ahí que el conocimiento y la comprensión de la constitución podrá convertirse en una excelente herramienta para concretar la visión país que pretendemos y formar ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos con el bien hacer. Para esto debemos definir cuál es la educación que necesitan los niños y niñas de hoy, para prepararlos de tal modo que contribuyan con la construcción de un mejor futuro para ellos y sus hijos y para vencer los problemas estructurales del país. El desarrollo humano en República Dominicana tiene grandes retos, podemos afirmar que el reto más importante se refiere a procurar una manera de vivir en armonía con su entorno natural, superarlo solo será posible a través de la educación orientada a desarrollar competencias y crear conciencia para cumplir con la estrategia nacional de desarrollo y con los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030, a fin de proteger, preservar y conservar nuestro medio ambiente. Bibliografía 1. Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Editorial Ariel, Barcelona, 1976. 2. Ray G., Milton, Conferencia “La Constitución pedazo de papel o proyecto de nación” Santiago Rodríguez, R.D. 2017. 3. Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución 4. Carpizo, J. 1980. Estudios constitucionales, México. 5. Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, Sarpe, Madrid, 1984. 6. Rousseau, El Contrato Social, Biblioteca Virtual Universal, 2003. 7. Constitución Política de la República Dominicana, año 2010. 8. Convención Americana de los Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1969. 9. Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, R. D. l